Black Immigrant Daily News

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Efforts at addressing issues of violence through education and public awareness will again take center stage, as yet another major component in the ongoing Advocacy Campaign Against Crime & Violence is about to be rolled out.

Led by the Ministry of Equity, Social Justice and Empowerment, this latest intervention is set to coincide with the annual commemoration of International Day of Non-Violence on October 2, 2022.

In observance of the day, the Ministry of Equity has planned a series of activities to highlight the issue of gun violence and to call the nation to action against this social ill.

A highly engaging Public Sensitization Campaign has been developed to educate the public on the dangers of gun violence.

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The campaign will include, among other things, the use of personal narratives of gunviolence victims as well as a “Tik Tok” video competition targeting the island’s primary and secondary schools.

Social Transformation Officer Shalina Mann, says the Ministry has and is seizing the opportunity to help change the mindset of perpetrators of violence.

“The campaign is an opportunity to bring the impacts of gun violence to the forefront of the minds of society, advocate for change, celebrate survivors, and mourn those who have tragically lost their lives through violence.”

Key Messaging will focus on Making the Change Away from Violence; Demonstrating Respect and Value for Life, and the need to Foster a Better and more Tolerant Saint Lucian society.

Emphasis will be placed on demonstrating ways in which gun violence has impacted the lives of families, providing suggestions on how to handle conflict and sending an appeal for a cease fire.

A series of monetary prizes and trophies, including a Laptop, a Handset and a Tablet will be awarded to the winners in the various competition categories

SOURCE: Ministry of Equity, Social Justice and Empowerment/ SLT. Headline photo (Stock image of police check)

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El Departamento de Justicia de Puerto Rico distribuyó 9.7 millones de dólares a 53 organizaciones sin fines de lucro, agencias y municipios con el propósito de ofrecer servicios directos a las víctimas del crimen y apoyar la labor social que realizan dichas entidades en la isla, trascendió el jueves.

“La distribución de estos fondos facilita que las ayudas lleguen de forma directa y rápida a las víctimas y que se atiendan sus necesidades emocionales, psicosociales y físicas. Estos servicios les permitirán estabilizar sus vidas y participar en los procesos conducidos ante el sistema de justicia”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

Los fondos provienen del programa federal Victims of Crime Assistance Formula Grant (VOCA, por sus siglas en inglés), adscrito al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y pueden utilizarse en la contratación de personal, compra de equipo, pago de renta y gastos necesarios para la operación, entre otros.

Desde al año pasado, el Departamento de Justicia ha adjudicado sobre 25 millones de dólares en fondos del programa VOCA a distintas entidades que cumplen con esta misión.

“Las organizaciones realizan una labor esencial que complementa la gestión gubernamental para ayudar a las víctimas de delito. Valoramos el trabajo que desempeñan con entrega y vocación”, añadió el secretario, quien ha realizado distintas gestiones para incrementar estas asignaciones.

La División de Recursos Externos, en conjunto con una junta revisora del Departamento de Justicia, evaluaron las propuestas presentadas.

Asignarán cerca de $7 millones adicionales mediante subvención estatal

El secretario de Justicia anunció una nueva subvención estatal para atender la disminución de los fondos del programa VOCA debido a la merma poblacional. Por lo que las entidades que no han recibido los fondos tendrán otra oportunidad de solicitar.

“El gobernador aprobó una solicitud que realicé para identificar la cantidad de 6.4 millones de dólares como una subvención estatal para este propósito. Esta asignación presupuestaria fue incluida en el Plan Fiscal 2022-2023. Esta iniciativa nos permitirá atender y apoyar los esfuerzos para enfrentar la disminución de fondos federales y asegurar la continuidad de servicios directos a las víctimas de delito, en especial, las víctimas de violencia de género”, indicó Emanuelli Hernández.

Debido a los cambios registrados en la población, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reducido las asignaciones de fondos VOCA a distintos estados y territorios. “La cuantía de los fondos asignados se calcula mediante una fórmula basada ​​en la población de los estados y territorios, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos”, explicó el secretario.

Desde el año pasado, Emanuelli Hernández solicitó por escrito al Attorney General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, una reconsideración de la asignación realizada a la isla. Además, con el apoyo del Gobierno de Puerto Rico, se han identificado varias partidas de fondos estatales para mitigar la disminución de estos fondos. “Entendemos que la situación de Puerto Rico se puede distinguir de otras jurisdicciones, por lo que solicitamos que se incrementara esta asignación. Además, hemos sostenido reuniones con funcionarios de la Casa Blanca para explicarles nuestra postura”, indicó Emanuelli Hernández.

“Aunque, por disposición del Departamento de Justicia federal, los solicitantes deben garantizar la sostenibilidad fiscal de sus proyectos si la financiación de los fondos VOCA disminuye o no está disponible, estamos tomando medidas para mitigar el impacto de la reducción. Entendemos la importancia y el rol social de las organizaciones que reciben estos fondos y continuaremos apoyándoles”, manifestó el secretario.

El año pasado, por virtud de la declaración de emergencia para prevenir y erradicar la violencia de género emitida por el gobernador, el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) identificó una partida de dos millones adicionales de fondos estatales para apoyar a las instituciones que brindan servicios a víctimas de violencia de género. “Este año se aprobó esa asignación nuevamente”, añadió el titular de Justicia.

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Alrededor de 2,000 visitas de fiscalización ha llevado a cabo el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), con el fin de velar por el cumplimiento con la Orden de Congelación de Precios promulgada en consideración al paso del Huracán Fiona por Puerto Rico, así lo informó el jueves el secretario , Edan Rivera Rodríguez, quien mencionó que dicha medida está en vigor hasta el próximo miércoles, 5 de octubre.

“La dinámica de trabajo en estos días se ha enfocado, principalmente, en lograr que cualquier violación se corrija de forma inmediata por parte del comercio, a fin de que el consumidor no se perjudique por algún tipo de incumplimiento que afecte sus derechos en el contexto de una situación de emergencia”, aseveró Rivera, en comunicación escrita.

Hasta el 28 de septiembre, las visitas de fiscalización del DACO se tradujeron en decenas de intervenciones, y 26 multas. Del total de multas, 15 fueron a estaciones de gasolina multadas por incumplimiento con los márgenes de ganancia congelados, por exhibir un precio en los rótulos y despachar a un precio diferente, y por no entregar recibo de compras o no divulgar rótulos requeridos por ley.

Las estaciones amonestadas fueron: Shell el Caimital en Guayama; Ultra Top Fuel Punto Oro; Total Nany, de Aguas Buenas; Total Río Cañas, en Caguas; Gulf Naguabo (Playa Hucares); American de Toa Baja; Texaco de Hato Tejas; Total de Guajataca, en Isabela; Shell del Barrio San Antonio en Quebradillas; Omar Service Stacion en Lajas; y Gulf de Añasco.

También se sancionaron prácticas en supermercados y farmacias. Supermercado Agranel de Juana Días; Farmacia La Fe de Ponce; Súper Ahorros; Raysa Mini Market; Supermercados Bonanza y Colmado Lomas Verdes fueron multados por exhibir para la venta productos expirados, mientras que National Lumber en Yauco se identificaron problemas de rotulación. Además, se intervino con personas que estaban vendiendo diésel sin autorización, y a precios exorbitantes.

Por su parte, la División de Pesas y Medidas del DACO ha atendido confidencias de combustible contaminado con agua, alertando a la ciudadanía respecto a tres estaciones en las que se constató el problema. Según acotó Rivera, también han recorrido llenaderos y locales de venta de gas licuado, para hacer repesos y asegurar el cumplimiento con normas para el despacho de este producto.

Procesos expeditos para reclamaciones relacionadas a la emergencia

“En estos días ha sido prioridad para el DACO servir de facilitador; y asegurar que cualquier problema que enfrenten los consumidores pueda ser atendido con la mayor prontitud”, aseguró el secretario, al hablar de las múltiples quejas que en las últimas dos semanas han llegado a la agencia en relación a placas solares y generadores eléctricos.

En cuanto a los problemas con los generadores eléctricos, el secretario explicó que “personal de la agencia ha mediado 24 casos, posibilitando remedios inmediatos a los consumidores”.

Según el funcionario, en lo que respecta a los generadores eléctricos  los consumidores en Puerto Rico tienen derechos expresamente reconocidos por ley, que todo comercio que venda estos productos viene obligado a respetar.

“Ningún establecimiento puede condicionar la devolución de un generador eléctrico a que éste se entregue en su empaque original. Además, antes de que se concrete la venta, se debe informar, en forma clara y adecuada, dónde ubican los centros de servicio. En los casos de productos defectuosos, si bien el remedio a ofrecer pudiera variar, siempre debe haber alguna opción para el consumidor”, puntualizó Rivera.

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PARAMARIBO — De vlucht PY994 van Surinam Airways die woensdag vanuit Paramaribo vertrok richting Amsterdam heeft vanwege weersomstandigheden niet kunnen

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“Augmentez nos salaires, pas la misère”: les manifestants ont battu le pavé jeudi, à l’appel de la CGT, FSU et Solidaires et d’organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires et donner un coup de semonce sur les retraites, au moment où l’exécutif précise sa méthode pour réformer.

La CGT a revendiqué, pour cette première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée, “plus de 250.000” participants dans près de 200 manifestations en France (contre “près de 80.000” le 17 mars et “plus de 150.000” le 27 janvier).

Le ministère de l’Intérieur a de son côté dénombré 118.500 manifestants pour 179 rassemblements (contre 30.800 en janvier et 89.000 en janvier).

Quelque 40.000 manifestants, selon les organisateurs, 13.500 selon la police, ont marché à Paris de Denfert-Rochereau à Bastille, derrière une banderole proclamant: “Augmentation des salaires, minima sociaux, bourses et retraites, il est urgent d’agir!”. Neuf personnes ont été interpellées dans la capitale.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a mis en avant “un premier avertissement au gouvernement et au patronat pour que s’engagent rapidement des négociations salariales” et pour signaler, “puisque c’est l’actualité”, que les Français ne veulent “pas travailler plus longtemps”.

“L’urgence sur les salaires, ça devient vital pour pas mal de gens”, a plaidé Murielle Guilbert (Solidaires).

Parmi les manifestants, Ibrahima Tell, employé de la restauration de 39 ans: “une trentaine d’euros par mois supplémentaires ne changeront rien à la situation. Ce qu’il faut, c’est 100 à 200€ d’augmentation. Tout a augmenté, je le vois bien dans le domaine de la restauration (…) Et puis il y a aussi l’énergie, le chauffage (…) On veut que je mette le chauffage à 19 degrés ? Mais on est déjà en train de crever de froid”, témoigne-t-il.

Plusieurs responsables politiques de gauche étaient présents, dont Fabien Roussel (PCF), Mathilde Panot (LFI), Olivier Faure (PS) ou encore Sandrine Rousseau (EELV).

Dès la matinée, plusieurs milliers de personnes (4.300 selon la police) avaient manifesté à Marseille, en présence de Jean-Luc Mélenchon (LFI).

Ils étaient entre 3.200 (police) et 4.500 (CGT) à Nantes, 770 à Besançon, 3.500 (police) à Toulouse, 3.400 (police) à Lyon, plusieurs centaines à Strasbourg, 500 à Belfort (police), entre 1.600 (préfecture) et 3.500 (CGT) à Caen, entre 3.500 (police) et 8.500 (syndicats) au Havre ou encore entre 1.870 (préfecture) et 3.500 (CGT) à Rouen.

A La Réunion, un millier de personnes ont défilé dans les rues de Saint-Denis (nord de l’île) et à Saint-Pierre (sud).

Le ministère de l’Education nationale a rapporté à la mi-journée un taux de grévistes de 11,01% chez les enseignants. Le Snes-FSU a revendiqué, lui, “30% de grévistes” dans les collèges et lycées, tandis que le Snuipp-FSU en a recensé 20% dans le primaire.

Côté transports, trois syndicats sur quatre, y compris la CFDT-Cheminots, avaient appelé à la grève à la SNCF. Des perturbations ont été signalées sur certaines lignes TGV Inoui, Intercités, Ouigo, TER, et Transilien en Ile-de-France. Du côté de la RATP, où seule la CGT avait appelé à la grève, le trafic était perturbé sur le RER B ou les bus.

La fédération CGT de l’agroalimentaire a recensé “près de 400 appels à la grève” et “au bas mot, 50.000 grévistes”.

– “On ne restera pas longtemps” –

La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé jeudi à l’AFP que le gouvernement allait ouvrir un nouveau cycle de concertations en vue d’adopter un projet de loi sur les retraites “avant l’hiver”, permettant une entrée en vigueur à l’été 2023 d’une réforme prévoyant le “report progressif de l’âge de départ” jusqu’à 65 ans en 2031.

“On ne veut pas négocier l’allongement de l’âge de la retraite”, a prévenu M. Martinez. Quant à participer aux concertations prévues par l’exécutif dès la semaine prochaine, “si c’est pour nous dire voilà ce qu’on veut et maintenant faites ce qu’on vous dit, on ne restera pas longtemps”.

La CFDT qui, comme FO, ne participait pas à la journée de mobilisation, a indiqué qu’elle “s’engagera(it) dans les discussions” et réclame “loyauté et transparence”.

Tous les syndicats nationaux (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires et Unsa) doivent se retrouver au siège de l’Unsa lundi. Il s’agira de discuter “des modalités pour poursuivre ce mouvement”, a dit M. Martinez, plaidant pour l’unité “la plus large possible”. La CFDT ira pour “construire des propositions communes sur les axes de concertation qui s’ouvrent et contrer le report de l’âge légal à 65 ans”, a-t-elle dit.

Les partis de gauche prévoient de leur côté une “grande marche contre la vie chère et l’inaction climatique”, le 16 octobre, sans le soutien, un temps envisagé, de la CGT.

bur-nt-sl-chl/fmp/dch

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