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La Junta de Control Fiscal (JCF) dio su apoyo el viernes a varias medidas legislativas que buscan reformar el Código de Rentas Internas en Puerto Rico.
“La Junta apoya las iniciativas legislativas, como la Ley 52-2022 que ofrecen alternativas al régimen contributivo de la Ley 154 y garantizan que Puerto Rico siga siendo un lugar atractivo para hacer negocios. En particular, la Junta de Supervisión apoya los esfuerzos para reformar el Código de Rentas Internas con el propósito de garantizar un recaudo estable y promover la responsabilidad y transparencia fiscal.
Dado que las empresas multinacionales actualmente sujetas a la Ley 154 consisten en varios de los mayores contribuyentes de Puerto Rico, es imperativo que el Gobierno de Puerto Rico implemente con éxito un nuevo régimen contributivo para estas empresas afectadas por la eliminación del crédito federal del arbitrio de la Ley 154. Estas empresas representan industrias clave que han realizado importantes inversiones de capital en Puerto Rico y generan una parte importante del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. En el año fiscal 2021, estas empresas y sus más de 36,000 empleados en Puerto Rico también contribuyeron más de 2,000 millones de dólares al Fondo General del Gobierno mediante los pagos de la Ley 154, los pagos de contribución sobre ingresos de corporaciones, pagos de contribución retenida sobre regalías y pagos de contribución sobre ingresos de individuos, entre otras contribuciones sobre ingresos. La economía local debe retener esta inversión y empleo en el sector manufacturero -así como los ingresos contributivos asociados- y encontrar una alternativa bien diseñada al régimen contributivo actual es fundamental para conseguirlo.
Sin embargo, el impacto neto de la Ley 52 en el recaudo de ingresos es muy incierto. La Junta estima, por ejemplo, que la Ley 52 puede tener un impacto negativo en los ingresos del Gobierno de Puerto Rico de hasta 143 millones de dólares en el primer año, en determinados escenarios. El Gobierno debe adoptar las siguientes medidas para mantener la neutralidad de ingresos y permitir así que la Junta de Supervisión certifique que la Ley 52 no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal:
Deben separarse y reservarse 250 millones de dólares del superávit de años anteriores para financiar un posible déficit de recaudo del nuevo régimen. Esta reserva permitirá un respaldo contra un posible déficit de ingresos y proporcionará una salvaguarda hasta que se comprendan por completo las implicaciones fiscales de la Ley 52.
El Gobierno concuerda en que la aplicación de cualquier incentivo fiscal adicional a los médicos no ocurrirá hasta que el Gobierno redacte una orden administrativa -y esta sea aprobada por la Junta de Supervisión- que incluya garantías de que existen suficientes protecciones para neutralizar las posibles implicaciones fiscales negativas de la disposición sobre los incentivos fiscales a los médicos.
La Junta considera especialmente preocupante el aumento al crédito contributivo por servidumbre de conservación de 3 a 15 millones de dólares que se establece en la Ley 52. Como una de las medidas para mantener la neutralidad de ingresos en una ley anterior, la Ley 40-2020, la Legislatura de Puerto Rico redujo el tope máximo anual autorizado de los créditos contributivos por servidumbre de conservación de 15 millones de dólares a 3 millones de dólares. Las disposiciones utilizadas en leyes anteriores para contrarrestar el impacto presupuestario no deben revertirse en leyes posteriores, salvo que la reversión incluya una fuente de compensación alterna claramente definida en la legislación actual.
Si el Gobierno confirma por escrito que cumplirá con las disposiciones solicitadas por la Junta para lograr la neutralidad de ingresos, la Junta está preparada para certificar que la Ley 52 no es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal. En caso de que el Gobierno se niegue a confirmar que cumplirá con los requisitos para lograr la neutralidad de ingresos, la Junta se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, conforme a PROMESA, incluida la búsqueda de recursos para impedir la aplicación y el cumplimiento de la Ley 52, así como su anulación. Esperamos que tal acción sea innecesaria”, destacó la JCF en declaraciones escritas.
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